“En Cancún estamos sorprendidos de que un pequeño grupo que no representa al bien común de la mayoría ha detenido, mediante tres amparos, esta publicación para que sea vigente nuestro Plan de Desarrollo Urbano”, manifestó Miguel Ángel Lemus, presidente de la Comisión Inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).

En una rueda de prensa conjunta por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Colegio de Arquitectos, Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) y CCEC, en representación de todas las organizaciones civiles que trabajaron en el desarrollo del PDU, dieron a conocer que son miles de millones de pesos que se encuentran paralizados en el municipio a falta de certeza jurídica.

Por tal motivo, exhortaron al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo que acelere el proceso de resolución del tercer amparo que mantiene el PDU detenido.

Explicó que los primeros dos amparos fueron desechados.

Taydé Favila Soriano, presidenta de la AMPI, indicó que el PDU se hizo dentro de la legalidad.

Recordó que ellos formaron parte de un Consejo Técnico para la creación del documento rector, por lo que, al no respetarse, los inversionistas no tienen la confianza de invertir en la ciudad.

Riesgo inmobiliario

La construcción de viviendas toca 37 de las 42 ramas económicas que existen en el país, según datos de la Canadevi.

Así que sin certidumbre jurídica hay muchos proyectos detenidos.

Destacó que el desarrollo de una ciudad incluye, además de la vivienda:

Construcción de plazas comerciales

  • Hoteles
  • Hospitales
  • Escuelas
  • Centros de recreo

Además, señalaron que el ayuntamiento de Benito Juárez no está recaudando dinero por montos de licencias municipales que tienen que ver con desarrollo urbano y ecología, ya que las empresas no saben si apegarse al PDU actual o al que está sub júdice.

“La industria inmobiliaria se maneja en tiempos, por ejemplo, la vivienda, se proyecta y se planea desde dos años de anticipación, ahorita se está viviendo la comercialización de una planeación de hace dos años”.

Advirtió que va a empezar a haber un rezago que va a durar un año, “y estamos dejando de cubrir necesidades sociales”.

Finalmente, dejaron en claro que hay argumentos que utilizan los que tienen el amparo y no tienen que ver con el PDU, como la infraestructura y contaminación de las costas.

Dijo que el primero es un tema administrativo y el segundo no cabe dentro del marco legal de un PDU, el cual es una herramienta de ordenamiento territorial.

Jesús Faudoa

 

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