Modificaciones a la Ley de la legítima defensa genera controversia entre sectores quintanarroenses

Modificaciones a la Ley de la legítima defensa genera controversia entre sectores quintanarroenses

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Luego de que la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentará una iniciativa con proyecto de decreto de legítima defensa, que permitiría a la víctima en caso de asalto o robo el uso de la fuerza, incluso letal, sin ser procesado, ha generado controversia entre diversos sectores empresariales de Quintana Roo, quienes a través de un documento conjunto expresaron su preocupación por el uso político de la iniciativa, y tergiversar la información por parte de los diputados de la bancada verde.

La iniciativa busca que se apruebe el proyecto de decreto para que se reformen los incisos B, Fracción II, e inciso C, fracciones II y III, del artículo 20, del Código Penal, que permitiría la legítima defensa a través del uso de la fuerza, incluso letal, por parte de la sociedad, de acuerdo a Gustavo Miranda, diputado del PVEM, quien presentó el proyecto de decreto en el Congreso del Estado el pasado 27 de septiembre.

Sin embargo, se dio a conocer un posicionamiento de agrupaciones empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, Acluvac, AMPI y Canirac, entre otras, expresaron en un comunicado a la opinión pública su profunda preocupación porque diversos miembros de partidos políticos y representantes del Poder Legislativo en Quintana Roo, estén usando a la seguridad y a la justicia para posicionarse, confundiendo con sus declaraciones a la sociedad, tergiversando información y difamando las acciones de las autoridades responsables.

El comunicado a la opinión pública firmado por 35 agrupaciones y asociaciones civiles, dice textual:

“Quienes suscribimos el presente comunicado, atentos a recuperar la seguridad y la paz en nuestros municipios para avanzar firmemente en una mejor impartición de justicia en el estado, manifestamos nuestra profunda preocupación por la participación de diversos miembros de partidos políticos y representantes del Poder Legislativo que con sus actos y declaraciones confunden a la sociedad, tergiversando información o difamando las acciones de las autoridades responsables.

Somos ciudadanos y ciudadanas que nacimos o hemos decidido fincar nuestras raíces en Quintana Roo. Creemos y luchamos por un mejor futuro para esta entidad invirtiendo nuestro trabajo y patrimonio en esta tierra, que es nuestra casa.

La ausencia de atención por parte de las autoridades y la falta de participación ciudadana en años anteriores, derivó en la lamentable erosión de la seguridad y la impartición de justicia. Conocemos el esfuerzo que se lleva a cabo actualmente para ir avanzando en la solución de estos enormes retos y sabemos que resolverlos no es posible a corto plazo, ya que son problemas que se gestaron en los 12 años de gobiernos anteriores.

Estamos conscientes que hay delitos que se han incrementado y que vulneran a las personas en su actividad diaria. Confiamos en que las autoridades están trabajando para dar solución a estos temas y que juntos como ciudadanos y autoridades podremos caminar en la ruta de la paz.
Sin embargo, hemos constatado avances en algunos temas, particularmente en los delitos de alto impacto que son los que ponen en riesgo de una alerta de viaje por parte de la comunidad internacional para visitar al estado, lo cual afecta sensiblemente a la actividad turística.

No estamos de acuerdo en que se use a la seguridad y a la justicia para posicionar a un partido, a algún miembro de ellos o de un grupo político y muchos menos para tergiversar información o minimizar los resultados positivos obtenidos a la fecha.

La solución a esta difícil situación no es la crítica sin fundamento, sino la acción conjunta de ciudadanos sin cargo y con cargo público, con base en la confianza, la corresponsabilidad y la eficacia.

Es en el conjunto de acciones en el que podemos generar un cambio de rumbo, a través de la mejora en la convivencia familiar, en tomar como grave una ofensa o maltrato a una mujer, el denunciar hechos con toda firmeza y el dejar de ver a las autoridades como los enemigos a vencer o exhibir.

Tenemos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar apoyando el arduo trabajo que lleva a cabo el Mando Único instaurado por el gobierno del estado en conjunto con los municipios y el cual apoyamos, así como la titánica labor de combatir un mal al que no se le dio atención en los últimos dos sexenios en el estado”.

Modificaciones a la Ley de la legítima defensa genera controversia entre sectores quintanarroenses
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